El proceso judicial contra Agostina Páez dio el martes un paso determinante, en Río de Janeiro, donde la abogada santiagueña de 29 años comenzó a ser juzgada por una causa de injuria racial que generó fuerte repercusión tanto en Brasil como en Argentina. La mujer podrá regresar al país, pero tendrá que indemnizar a las víctimas.

La audiencia inicial marcó un giro significativo en la situación de Páez. La fiscalía decidió reducir la acusación original, que contemplaba tres delitos y una posible pena de hasta 15 años de prisión, a un único cargo, lo que abre la puerta a una resolución menos gravosa. Según explicó su defensa, esta modificación permitiría reemplazar una eventual condena con servicios comunitarios y el pago de una indemnización a las víctimas.

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“En estos días me van a dejar volver a casa”, expresó la abogada santiagueña al retirarse de los tribunales, tras una jornada que se extendió por más de tres horas. “Le dije al juez la verdad, en todo momento la verdad. Le pedí perdón a las víctimas”, agregó, visiblemente aliviada.

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De acuerdo con lo planteado por el Ministerio Público, la imputada debería abonar cerca de U$S50.000 a cada una de las personas afectadas. El juez aún no emitió su resolución, aunque se espera que lo haga en los próximos días. Esa decisión será determinante no solo para establecer el monto definitivo del resarcimiento, sino también para definir las condiciones de salida del país de Agostina Páez.

La estrategia de la defensa, encabezada por la abogada Carla Junqueira, apuntaba precisamente a lograr la reducción de cargos para facilitar el regreso de la joven a la Argentina. “Estamos muy conformes con el resultado”, sostuvo tras la audiencia. 

“Entramos esperando una pena de al menos dos años, con cumplimiento efectivo en Argentina. Pero la fiscal entendió que el pedido de disculpas significó que Agostina entendió lo que significa para Brasil el racismo. Fue una primera etapa exitosa. Ahora necesitamos cumplir los trámites para que se haga efectivo el retorno”, explicó.

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Durante la audiencia, la abogada santiagueña estuvo acompañada por su equipo legal y por el cónsul argentino adjunto en Río de Janeiro, quien siguió de cerca el desarrollo del proceso. La joven permanece desde hace dos meses bajo medidas restrictivas, con prohibición de salir de Brasil y monitoreo mediante tobillera electrónica.

El origen de la causa se remonta al 14 de enero, cuando se produjo un altercado en un bar de Ipanema a raíz de una discusión por una cuenta. Aunque inicialmente la acusada sostuvo que el conflicto se limitó a un intercambio verbal, un video viralizado posteriormente registró un gesto discriminatorio que se convirtió en una prueba central para la Justicia brasileña.